Qatar no está haciendo lo
suficiente para atajar la explotación de los trabajadores extranjeros que
permite su legislación laboral, denuncia Amnistía Internacional (AI) en un
informe que publica hoy miércoles. En No hay prórroga: Cómo Qatar está fallando
en los derechos de los trabajadores ante la Copa del Mundo, la organización de
derechos humanos pone en duda el compromiso de las autoridades cataríes y
asegura que no se han producido avances desde que hace seis meses anunciaron
reformas. El informe coincide con la revelación de que obreros norcoreanos
trabajan en Qatar en condiciones de esclavitud para proporcionar divisas al
régimen de Pyongyang.
“Es una prueba más de que
está fallando la protección a los derechos de los inmigrantes”, señala a EL
PAÍS James Lynch, responsable de Negocios y Derechos Humanos de AI, quien
afirma carecer de información específica sobre ese caso. “Cualquier empresa que
contrata trabajadores a través de una agencia de empleo norcoreana debería
tener un plan de prevención de abusos, pero desafortunadamente este tipo de
planes no son lo habitual”, añade en conversación telefónica.
Qatar tiene que actuar de
forma urgente porque el ritmo de contratación es muy elevado y los plazos para
acabar los proyectos muy justos»
James Lynch, responsable
de Negocios y Derechos Humanos de AI
Unos tres mil obreros
norcoreanos trabajan en condiciones de esclavitud en las obras de Qatar sin
recibir un sueldo a cambio, según un reciente artículo de The Guardian. Aunque
las agencias estatales de su país que los colocan aseguran que parte de los
salarios se envían a sus familias en Corea del Norte, las declaraciones de
varios trabajadores parecen indicar otra cosa. Fuentes de la disidencia afirman
que el régimen de Pyongyang se queda al menos con el 90% de lo que ganan. El
diario británico menciona cuatro obras en el nuevo barrio de Ciudad Lusail en
las que trabajan obreros norcoreanos, pero no ha encontrado indicios de que
estén implicados en la construcción de estadios para el Mundial.
Fue precisamente la
designación de Qatar como sede de la Copa del Mundo de 2022 la que puso a ese
pequeño pero rico país en el punto de mira de numerosas organizaciones
internacionales. Con una población autóctona de apenas 300.000 personas, el
emirato ha duplicado desde entonces sus habitantes hasta alcanzar los dos
millones. Los extranjeros suponen el 94% de la fuerza laboral. La mayoría son
obreros no cualificados procedentes de Asia. AI, Human Rights Watch, sindicatos
e incluso la ONU han denunciado la explotación de esos inmigrantes contratados
para levantar las infraestructuras y servicios que exige el proyecto.
Con una población
autóctona de apenas 300.000 personas, el emirato ha duplicado desde entonces sus
habitantes hasta los dos millones
Ante la presión
internacional, los propios responsables cataríes terminaron reconociendo los
abusos a los inmigrantes. A finales de 2013, contrataron al bufete DLA Piper
para que llevara a cabo una investigación independiente al respecto. El pasado
septiembre, el propio emir, el jeque Tamim Bin Hamad al Thani, se declaró
“personalmente herido con la situación” durante una entrevista con la CNN. Sin
embargo, AI asegura que el Gobierno de Doha no ha llevado a cabo ninguna de las
reformas prometidas.
El informe de AI se
centra en el sistema de patrocinio, conocido en árabe como kafala, que ata a
los trabajadores a la persona que les emplea y les pone en peligro de ser
explotados. El empleador se convierte en el dueño del obrero al quedarse con su
pasaporte y tener la potestad de firmar o no el obligatorio permiso de salida
del país, que AI considera “una violación descarada de los derechos humanos”.
La reforma avanzada por Qatar, y que aún no ha entrado en vigor, es apenas un
maquillaje que sustituye la firma del empleador por una autorización
electrónica.
Además no hay suficiente
control sobre el cumplimiento de los contratos y a menudo, los obreros cobran
menos de lo estipulado, trabajan sin las medidas de seguridad mínimas y se ven
obligados a vivir en condiciones deplorables. Al estar prohibidos los
sindicatos, carecen de vía de reclamación y el recurso a la justicia es muy
caro.
“Qatar tiene que actuar
de forma urgente porque el ritmo de contratación es muy elevado y los plazos
para acabar los proyectos muy justos”, subraya Lynch. “En los cuatro años que
han pasado [desde que consiguió el Mundial] no ha habido cambios significativos
en la legislación o en mejoras en la gestión de la fuerza laboral”, concluye.
AI planea efectuar una nueva revisión dentro de seis meses.
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